Por: Luisana Lora Perelló
La situación del tránsito en el casco urbano de Baní ha llegado a un punto crítico. Lo que antes eran quejas aisladas, hoy es un clamor colectivo. Ciudadanos trabajadores, hombres y mujeres serios, denuncian sentirse acosados por las actuaciones de miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) en Peravia, quienes –según múltiples relatos– han enfocado sus energías en quitar motores y poner multas sin contemplaciones, mientras el verdadero problema del desorden vial sigue sin solución.
Es evidente que el tránsito en Baní necesita ser regulado, pero no a costa del atropello. El pueblo está cansado. La ciudadanía merece orden, sí, pero también respeto. No se puede pretender imponer disciplina vial persiguiendo solo a quienes más fácil resulta sancionar, cuando la raíz del caos se halla en la falta de planificación urbana, la ausencia de semáforos funcionales, el irrespeto a las señales de tránsito y la falta de agentes suficientes para cubrir todas las zonas críticas.
Y aunque es cierto –como ha dicho el coronel Made, actual director de DIGESETT en la provincia– que los agentes enfrentan extenuantes jornadas debido a la falta de personal, esa realidad no justifica el abuso. El trabajo honesto y agotador de los miembros de la DIGESETT no puede usarse como excusa para actuar fuera de lo que manda la ley.
En abril, el país fue sacudido por una sentencia contundente del Tribunal Constitucional, la cual establece con claridad que la DIGESETT no tiene facultad legal para retener vehículos sin una orden judicial o un proceso penal abierto. Es decir, cualquier retención sin estas condiciones es ilegal y, por tanto, un abuso de poder. Este fallo, lejos de ser un simple pronunciamiento jurídico, debe servir de guía y freno a prácticas que lesionan los derechos de los ciudadanos.
Es preocupante que en medio de este panorama, el propio encargado de DIGESETT en Peravia se niegue a hablar con los medios de comunicación. Ese silencio institucional solo alimenta la desinformación y la indignación popular. En una democracia, el diálogo con la prensa es esencial para que la ciudadanía entienda las razones de quienes ostentan la autoridad.
La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana establece un marco claro para regular el tránsito, proteger la vida de los ciudadanos y garantizar sus derechos. Esta ley debe aplicarse con justicia, equidad y humanidad, no como un garrote para castigar al más débil.
Hacemos un llamado urgente a la conciencia colectiva: ni el caos ni el autoritarismo son el camino. La población tiene el derecho de exigir orden, pero también tiene la responsabilidad de respetar las normas. A la DIGESETT, le corresponde recuperar la confianza de la gente, y eso solo se logra actuando con transparencia, escuchando a la comunidad y respetando la ley.
Peravia necesita soluciones, no represalias. Necesita autoridad, no imposición. Necesita una DIGESETT que eduque, dialogue y corrija con justicia, no con miedo. Este pueblo noble y trabajador no quiere estallar. Quiere avanzar. Y eso solo será posible si juntos autoridades y ciudadanos– construimos un nuevo pacto por el tránsito, el respeto y la vida.
