La multitudinaria movilización organizada por la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, bajo el nombre de “Marcha del Pueblo”, dejó mucho más que calles abarrotadas. Aunque se presentó como una protesta social frente al alto costo de la vida, la inseguridad y las deficiencias en los servicios públicos, el mensaje que proyectó trascendió cualquier reclamo ciudadano: fue una demostración política de gran escala, imposible de ignorar por el oficialismo.
En una nación donde todo termina filtrado por el lente de la polarización, las interpretaciones marcharon por carriles distintos. Para algunos sectores, el evento no fue otra cosa que proselitismo adelantado, un mitin con disfraz social que obliga a cuestionar si rozó o cruzó los límites de la Ley Electoral. La pregunta incomoda y se repite en los corrillos políticos: ¿amerita la Junta Central Electoral una revisión rigurosa de lo ocurrido?
Otros, en cambio, aseguran que la convocatoria respondió a un agotamiento social acumulado. Que la gente salió porque siente el peso de una economía asfixiante, de un dólar inestable, de servicios que no mejoran y de la frustración frente a un discurso gubernamental que no alcanza para llenar la despensa.
Leonel Fernández no desaprovechó el escenario. Señaló al gobierno por el deterioro del sector agropecuario, por la paralización de obras, por el manejo económico y por el aumento de los subsidios. Y convirtió la jornada en una especie de plebiscito anticipado, declarando que “el pueblo habló” y que en 2028 aspira a regresar al Palacio Nacional. Un planteamiento que moviliza a sus seguidores, pero que también despierta reservas en quienes reclaman renovación política.
Mientras tanto, el PLD, aunque sin marchar, mantiene activas sus estructuras, evidenciando que el reacomodo político ya comenzó. Y que será más complejo de lo que algunos imaginan.
La cuestión de fondo permanece abierta:
¿fue esta movilización un legítimo ejercicio de protesta social o un evento abiertamente electoral con posibles implicaciones legales?
Más allá de las lecturas jurídicas, la marcha envió un mensaje inequívoco: el malestar social está ahí, latiendo, creciendo y expresándose. Ese clima no debe subestimarse. El gobierno no puede leerlo con soberbia; la oposición, sin manipulación; y la Junta Central Electoral, sin temor.
Faltan años para 2028, pero la calle ya empezó a marcar el ritmo. Su pulso no debe ignorarse.