Hablar de salud mental en Baní ya no es un ejercicio teórico ni un debate académico. Es una realidad que se observa a diario en calles, barrios y espacios públicos del municipio.
Cada vez resulta más común notar personas en evidente estado de desequilibrio emocional o mental deambulando sin rumbo, durmiendo en espacios abiertos o mostrando conductas que llaman la atención de la comunidad. No es un fenómeno nuevo, pero sí uno que muchos ciudadanos perciben en aumento.
Detrás de estas escenas hay historias complejas: consumo problemático de sustancias, abandono familiar, falta de diagnóstico oportuno y escaso seguimiento médico. Son factores que, combinados, terminan empujando a personas vulnerables a la exclusión social.
El problema suele abordarse de manera reactiva. Intervenciones puntuales, traslados momentáneos o respuestas de emergencia que, aunque bien intencionadas, no atacan el fondo del asunto. Días o semanas después, la misma persona vuelve al mismo entorno y al mismo riesgo.
La pregunta de fondo es inevitable:
¿Está Baní preparado para enfrentar un problema de salud mental de carácter creciente?
A nivel nacional, el Gobierno ha anunciado una expansión importante en los servicios de salud mental: más camas psiquiátricas, más unidades de intervención en crisis, líneas de atención ampliadas y la proyección de un Instituto Nacional de Neurociencia. Son medidas que, en teoría, apuntan a fortalecer la respuesta del sistema.
Pero desde la realidad provincial surge otra interrogante válida:
¿cómo se traducen esos anuncios en beneficios concretos para comunidades como Peravia?
Porque la salud mental no se resuelve solo desde grandes centros urbanos ni desde cifras nacionales. Se resuelve en el territorio, en el acceso cercano, en el seguimiento constante y en la prevención comunitaria.
Si los servicios especializados siguen concentrados lejos de las provincias, muchas familias continuarán enfrentando solas situaciones que requieren apoyo profesional. Y cuando la ayuda llega tarde, el desenlace suele ser más costoso para todos: para el paciente, para su entorno y para la comunidad.
También hay un componente social que no puede ignorarse. La persona con trastornos mentales en condición de calle no es únicamente un tema de orden público, es un ciudadano con una condición de salud que merece atención digna. Reducir el problema a molestias urbanas es simplificar una realidad profundamente humana.
Este es un momento clave. El impulso nacional en salud mental podría representar una oportunidad histórica para provincias como Peravia, siempre que las políticas bajen del discurso a la acción local.
La salud mental necesita inversión, sí, pero también coordinación, prevención y presencia comunitaria. Necesita llegar antes de que la calle se convierta en destino final.
Baní no necesita alarmismo, pero tampoco silencio. Necesita conversación pública, planificación y voluntad institucional.
Porque cuando la salud mental falla, no solo sufre quien padece el trastorno; también lo hace la sociedad que no supo atenderlo a tiempo.
