El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los detenidos en la Operación Cobra 2.0-A, vinculados a un presunto fraude de más de RD$40 millones contra el Seguro Nacional de Salud.
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, señaladas por su presunta participación en un esquema mediante el cual habrían sido sustraídos más de RD$40 millones del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por un equipo encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El expediente, compuesto por unas 525 páginas, incluye a médicos, exempleados de SeNaSa y otras personas vinculadas al sector salud.
Estos son los 25 imputados:
- Angeury Guzmán Vásquez
- Heidy Coronado Paulino
- Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova
- Lucreisy Polanco Núñez
- Einstein Rafael Borromé Valdez
- Juan Henry Poueriet
- Hanna Rashell Rodríguez Almánzar
- Luz Esther Reyes Durán de Ramírez
- Edwin Alberto Batista Cruz
- José Luis Díaz Hernández
- Carlos Job Ynoa Olivero
- Guillermo Enrique Dicló Garabito
- Griselda Altagracia Basora Ramírez
- Juan Gabriel Rodríguez Ravelo
- Martha María Saldaña Saldaña
- Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez
- Engels Federico Díaz Mendoza
- Keila Beatriz Acosta Leonardo
- Rafael Mauricio Cabral González
- Laura Altagracia Santana Evangelista
- Víctor Felipe Rodríguez García
- Wander Manuel Díaz Encarnación
- Yocaira Antonia Méndez Beltré
- Marcelino Eusebio Figuereo
- Ray Ernesto Mercedes Lugo
Según el Ministerio Público, los imputados presuntamente utilizaron autorizaciones y servicios médicos para sustraer recursos públicos pertenecientes a la aseguradora estatal.
La Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. En las intervenciones participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional, 16 integrantes de la Unidad de Investigaciones Criminales y personal de la Dirección Nacional de Investigaciones.
El órgano persecutor atribuye provisionalmente a los procesados delitos como coalición de funcionarios, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La Pepca también solicitó que el proceso sea declarado complejo debido a la cantidad de hechos, víctimas e imputados incluidos en la investigación.
Las personas señaladas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva que establezca responsabilidad penal.
