Por: Luisana Lora Perelló
Hay algo profundamente peligroso ocurriendo en las calles dominicanas y pareciera que apenas comenzamos a dimensionarlo. Ya no se trata solamente del caos del tránsito, de los tapones o de la imprudencia vial. El problema escaló. Ahora cualquier discusión en la calle puede convertirse en una emboscada colectiva.
Y hay un patrón que se está repitiendo con demasiada frecuencia: grupos de motoristas actuando como fuerza de choque.
En las últimas semanas hemos visto casos alarmantes. Un motorista amenazando a un chofer con piedras tras un roce vehicular. Otro agrediendo brutalmente a una conductora con un casco en Santo Domingo Este. El caso del chofer del transporte escolar atacado con una manopla por un motociclista que transitaba en vía contraria y que, según denuncias, incluso desmontó a los pasajeros antes de lanzarse a golpearlo. Antes de eso, el país quedó estremecido por el asesinato de un hombre en Santiago tras ser apuñalado por un motorista en medio de un conflicto vial. Y todavía resuena el episodio del kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde varios motoristas rodearon y agredieron a un chofer.
La pregunta ya no es si son hechos aislados. Evidentemente no lo son.
Aquí se ha ido construyendo una peligrosa cultura de intimidación colectiva donde muchos motoristas no todos, y eso hay que decirlo con claridad actúan bajo una lógica tribal: “si tocan a uno, responden todos”. Lo preocupante es que esa solidaridad, que en otro contexto podría verse como compañerismo, ha derivado en turbas violentas que imponen miedo en las calles.
Y el ciudadano común lo sabe.
Mucha gente hoy, después de un roce con un motorista, siente miedo de desmontarse del vehículo. Miedo de reclamar. Miedo de llamar la atención. Porque en cuestión de segundos aparecen diez, quince o veinte más rodeando el carro, insultando, golpeando o amenazando.
Eso no es convivencia vial. Eso es una forma de control callejero.
El problema tiene raíces sociales complejas. Hay precariedad, informalidad, ausencia de regulación real, falta de educación vial y una autoridad que durante años permitió que el desorden creciera hasta normalizarse. El motoconcho se convirtió en sustento de miles de familias, sí. Pero también en un espacio donde, en muchos casos, no existen controles mínimos sobre quién circula, quién porta armas, quién tiene antecedentes o quién simplemente anda dispuesto a reaccionar violentamente.
Y ahí está otra parte delicada: la sensación de impunidad.
Porque muchos de estos agresores actúan a plena luz del día, frente a cámaras, grabados por ciudadanos, sin temor alguno. Como si supieran que difícilmente enfrentarán consecuencias serias.
Mientras tanto, las autoridades parecen reaccionar caso por caso, video por video, cuando el problema ya tiene dimensiones estructurales.
Este fenómeno también revela otra crisis más profunda: la pérdida total de tolerancia social. El dominicano anda cargado de ira. El tránsito se convirtió en una jungla emocional donde cualquiera explota por un roce, una bocina o una mala mirada. Pero cuando esa ira se mezcla con grupos organizados informalmente y personas armadas, el resultado puede ser mortal.
Y el país no puede normalizar eso.
Porque hoy es un chofer de guagua, mañana una mujer sola en un vehículo, pasado mañana un envejeciente o un padre con sus hijos dentro del carro.
Aquí hace falta mucho más que operativos. Hace falta autoridad real, regulación seria del transporte informal, identificación efectiva de motociclistas, consecuencias penales rápidas para agresiones en la vía pública y una discusión nacional sobre la violencia que se está incubando en nuestras calles.
Pero también hace falta valentía para decir algo incómodo: no toda “unidad” es positiva cuando se usa para intimidar, agredir o imponer miedo.
El tránsito dominicano no puede seguir funcionando bajo códigos de pandillas.
